HRW denuncia que "China ejecuta a más gente que todo el resto del mundo junto" y pide al Gobierno chino que "reduzca de forma drástica" el número de delitos que pueden ser punibles por la máxima pena, además de hacer públicas las cifras sobre el número de personas ejecutadas y las que esperan a serlo.

También reclama al país que garantice los procesos de apelación de acuerdo con los estándares mínimos internacionales de justicia en todos los casos en que la fiscalía solicite ese máximo castigo.

"Cuando el mundo observa el pobre historial de China en respeto de los derechos humanos a medida que se acercan los JJOO, el Gobierno chino debería evitarlo abordando su posición como el mayor ejecutor del mundo de sus propios ciudadanos", declaraba el director de la organización humanitaria para Asia, Brad Adams.

HRW ha recordado que el gobierno chino clasifica como "secreto de estado" las estadísticas sobre las ejecuciones por pena de muerte y que hay "estimaciones fiables" que sugieren que ese país realiza anualmente unas 7.500 ejecuciones.

Asimismo señaló que aunque el Gobierno de Pekín ha producido alguna legislación sobre los procedimientos adminsitrativos, "no ha abordado de manera seria las debilidades sistémicas del proceso judicial".

"El descenso en el número de ejecuciones es bienvenido, pero eso no sustituye a la transparencia total, a los juicios justos, la asesoría legal para la defensa y la independencia judicial", afirmaba Adams, que ha criticado las deficiencias estructurales que en China afectan a los juicios, agregando que en ese país "no hay ni uno solo de los ejecutados que haya tenido un juicio justo acorde con los estándares internacionales".

Privación de derechos
El sistema judicial chino no reconoce la presunción de inocencia ni tampoco el derecho a no declarar, además de limitar la asistencia de un abogado defensor y los derechos de los acusados, explica HRW.

La organización ha denunciado que en el país "valen" las confesiones obtenidas bajo tortura y ha recordado que el fiscal general adjunto del país asiático, Wang Zhenchuan, admitió en 2006 que se producían al menos 30 casos anuales de condenas erróneas atribuibles a confesiones obtenidas bajo tortura.

Asimismo ha expresado su preocupación por los recientes anuncios oficiales realizados por los servicios de seguridad de que "las autoridades realizarán campañas anticrimen de aquí hasta los Juegos Olímpicos de 2008", lo que consideraron "está directamente vinculado" al aumento de las condenas a pena de muerte y ejecuciones.

Adams considera que "el Comité Olímpico Internacional (COI) debería presionar públicamente a China en favor de una moratoria de todas las ejecuciones durante los JJOO", pues cree que ello está en línea con "la Carta Olímpica, que busca la promoción del deporte en sociedades pacíficas preocupadas con la preservación de la dignidad humana".